El Dr. Andrés Miguel Cosialls Ubach, Profesor Contratado Doctor de Derecho en el Centro Universitario de la Defensa – Academia General Militar e investigador principal del Grupo CODESEL (Cadre of Defense and Security Law), acaba de publicar un artículo de referencia en el número 86 (enero–junio 2025) de la Revista de Derecho Agrario y Alimentario, titulado “La condicionalidad reforzada y social en la PAC 2023–2027”.
La publicación representa una aportación doctrinal esencial al vínculo entre política agraria, legalidad institucional y seguridad nacional, reforzando las líneas de investigación de CODESEL sobre el derecho agrario como vector de cohesión territorial y arquitectura normativa de defensa del Estado.
En este estudio, el Dr. Cosialls analiza con profundidad el nuevo marco jurídico que regula el acceso a las ayudas europeas en el periodo 2023–2027, caracterizado por una condicionalidad reforzada en materia medioambiental y, por primera vez, por una condicionalidad social, que vincula las subvenciones agrarias al cumplimiento de obligaciones laborales, de prevención de riesgos y de seguridad en el uso de maquinaria. El artículo subraya cómo esta transformación sitúa al agricultor como un sujeto estratégico tripartito: productor de alimentos, gestor ambiental y garante de derechos fundamentales.
La investigación detalla el funcionamiento técnico-jurídico de los Requisitos Legales de Gestión (RLG) y las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), desarrollados en el Real Decreto 1049/2022, así como el nuevo sistema de control sobre la legalidad laboral, encomendado a la Inspección de Trabajo. En conjunto, estos mecanismos actúan como un sistema de cumplimiento normativo territorial, que refuerza la presencia del Estado en las zonas rurales y garantiza un uso legítimo y sostenible de los recursos públicos europeos.
Este trabajo confirma que la agricultura no puede entenderse solo como una actividad económica, sino como un pilar estructural de la defensa y seguridad de España, en la medida en que garantiza la estabilidad del medio rural, protege los ecosistemas nacionales y sustenta la soberanía alimentaria ante escenarios de crisis prolongadas o disrupciones estratégicas.
El Dr. Cosialls demuestra que el nuevo marco jurídico de la PAC se proyecta más allá del ámbito agrario, para integrarse en la legalidad constitucional como instrumento de control, orden y resiliencia en el territorio nacional. Las explotaciones agrarias devienen así espacios estratégicos de legalidad institucional, con potencial para contribuir a los objetivos del Estado en materia de prevención de conflictos sociales, seguridad alimentaria y protección del medio natural.
Más información:
📘 Revista de Derecho Agrario y Alimentario, nº 86 (enero–junio 2025)